Vivienda – El reconocimiento del derecho a la vivienda como base de las políticas nacionales de vivienda

LA VIVIENDA ES UN DERECHO HUMANO

 

La vivienda es una necesidad elemental y su satisfacción justifica en numerosos países su reconocimiento como un derecho fundamental. Además, es una materia que abre las puertas hacia otros derechos fundamentales, al ser un prerrequisito en el ejercicio de la ciudadanía y la base sobre la que una persona pertenece y se identifica con una comunidad y desarrolla su vida social propia.

Entre los años cincuenta y los ochenta este reconocimiento como un derecho fundamental se fue generalizando y se ha ido introduciendo en la mayoría de las Constituciones nacionales, sin que se haya aplicado en las sucesivas políticas de vivienda.

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,…”.

 

También se ha recogido en acuerdos internacionales, ya en 1996, se citan los siguientes derechos:

. Acceso a una vivienda adecuada y asequible.

. reducción del número de personas sin hogar; política de vivienda orientada a todas las categorías desfavorecidas;

. procedimientos para limitar el desalojo forzoso;

. igualdad de acceso para los no nacionales a la vivienda social y a subvenciones para el pago de la vivienda, y las políticas de fomento de la vivienda en alquiler;

. el derecho no sólo a la vivienda sino también a un entorno saludable, seguro y ecológicamente sostenible, a la ciudad, a un medio ambiente sano y a la calidad de vida;

 

LA AUSENCIA DEL VALOR DE USO EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

No es un producto homogéneo sino que su elevada heterogeneidad da lugar a una gran segmentación del mercado, que se aprecia especialmente en su dimensión espacial.

Los factores que influyen en la demanda son tanto de carácter demográfico (crecimiento de la población, estructura de edades, etc), económico (nivel de renta, tipo de interés, etc.) y social (estructura familiar, social, etc.). Por su parte, la oferta es función del precio y los costes, que incluyen el suelo, la propia construcción (coste y materiales) y la actividad de promoción inmobiliaria.

 

Está ausente el valor de uso al que hace referencia la declaración de DD.HH de naciones unidas. Además de instrumentos como la fiscalidad, la política de vivienda se ha regulado a través de herramientas urbanísticas que, actualmente, están muy lejos de conseguir un consumo de suelo moderado y un desarrollo de la ciudad acorde con las necesidades reales que garanticen el acceso a la vivienda.

 

EL LIBRE ALBEDRÍO

La ausencia de planificación y de profesionales formados en carrera de grado en la planificación contribuye aun a este enorme vació.
Influye enormemente en este convencimiento el patrocinio del colegio de arquitectos.

 

El crecimiento de la ciudad y la construcción de viviendas no guardan ninguna relación con las necesidades de la población, van cada una por su lado al libre albedrío del mercado siguiendo los códigos de «Planeamiento» que ante la ausencia de planificación los municipios lo han aceptado convencidos que son los instrumentos correctos.

La puesta en funcionamiento de la Facultad de Urbanismo en la universidad General Sarmiento es un buen síntoma para el paulatino cambio conceptual que debe dar el país.

Se siguen aprobando Códigos de «Planeamiento» que proponen las intervenciones urbanísticas particulares fortaleciendo el aprovechamiento del suelo para torres de viviendas fundamentalmente, como inversión de desarrolladores, en detrimento de la armonía de la ciudad y de las necesidades reales que tiene la comunidad.

No existen apenas limitaciones legales que impidan la fragmentación del territorio y las restricciones o el incentivo al crecimiento surgen de ámbitos ajenos al urbanismo, contrastando con una visión que se ha generalizado de la densificación de la ciudad.

Que aparece perversa con las manchas de asentamientos humanos en la periferia de la ciudad y la construcción de edificios de altura. El mensaje suena como el adalid a seguir para contrarrestar la expansión, sin embargo la densificación se produce en los edificios de altura y la ciudad crece al libre albedrío.

 

El crecimiento urbano queda sólo limitado por las áreas naturales protegidas, quedando otros problemas como garantizar el suministro de energía o agua como meros problemas técnicos y de inversión económica. No sólo se construyen más viviendas de las precisas en número, sino que ni siquiera se garantiza que su uso, su precio y a veces su tipología o ubicación vayan a ser las que correspondan a estas necesidades reales.

Son el mercado y la demanda, muchas veces basada en la
inversión y no en el uso, los que deciden qué, cuánto y cómo se construye, y ni la legislación urbanística, ni la política de viviendas, ni los planes de vivienda, ni los incentivos fiscales, ni los planes generales están diseñados para contrarrestar las decisiones del sector inmobiliario.

 

Es el mercado el que decide el tipo de cliente al que va dirigido el producto inmobiliario. Mientras parte de la población tiene serias dificultades para acceder a la vivienda, la estructura legal vigente y el motor económico del mercado hacen «más sencillo»* y más rentable la promoción de viviendas de lujo o viviendas secundarias asociadas a campos de golf que la construcción de viviendas asequibles.

Hay una producción de vivienda para su revaloración a corto, mediano y largo tiempo que se realiza al margen del inagarrable déficit permanente de vivienda.